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A un año de la tragedia siguen sin castigo los responsables de la tragedia.
Lo sucedido evidenció las condiciones infrahumanas en que laboran los mineros y la complicidad del gobierno federal para proteger a empresarios.
La sociedad mexicana exige una investigación pronta y creíble, no se conformará sólo con promesas.
A un año de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, en el que murieron 65 personas, ningún responsable ha sido castigado, ni se ha reparado el daño, las condiciones de trabajo de los mineros siguen sin mejor y se ha prolongado la ilegal intervención de las autoridades federales en los asuntos sindicales, por lo que el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) exige que ponga fin a la impunidad, se brinde apoyo a las familias afectadas y se respeten los derechos laborales y sindicales de los mineros.
La muerte de los mineros en Pasta de Conchos evidenció las condiciones infrahumanas e insalubres en que trabajan miles de mineros en México y el poco valor que se otorga a su seguridad y a su vida. Reveló también la complicidad de las autoridades federales que solapan a los empresarios permitiéndoles operar con bajos salarios y sin cumplir las normas mínimas de protección a los trabajadores.
El gobierno federal y los funcionarios del sector laboral se han coludido también con la familia Larrea, dueños del Grupo México, operador de la mina, para evitar que las investigaciones lleguen a las causas verdaderas que provocaron la explosión en Pasta de Conchos, con lo que aseguran la impunidad de los responsables y pretenden librarlos del pago de la reparación de los daños causados a las familias de las víctimas. Un año después ni siquiera se han rescatado los cuerpos.
Mientas los empresarios del Grupo México obtienen ganancias superiores a los mil 500 millones de pesos dólares anuales, los trabajadores y sus familias subsisten con apenas 700 pesos a la semana en jornadas extenuantes que ponen en peligro su salud y hasta su vida. Ni la muerte de los 65 mineros ha servido para que esa situación cambie en beneficio de quienes bajan a los socavones a extraer los minerales con los que se enriquece la familia Larrea.
Es de hacer notar que no es la primera vez que un evento de este tipo tiene lugar en las minas del Grupo México, y en especial en la zona minera de Coahuila, como la explosión ocurrida 39 años atrás que costó la vida a 153 mineros.
El desprecio por los trabajadores se hace evidente en que dos terceras partes de los mineros en Pasta de Conchos fueron contratados con salarios muy por debajo del valor del trabajo que realizan, subcontratados sin protección alguna de su relación laboral, aunque se constituían todos los elementos de esa relación como la dependencia económica, lugar, horario y sistema de trabajo. Todos ellos fueron reclutados sin acceso a contratación colectiva.
En este caso también quedó al descubierto el carácter manipulador e injerencista del gobierno en los sindicatos, especialmente el minero, para proteger únicamente los intereses de los empresarios, al pretender imponer anticonstitucionalmente una dirigencia ajena a los trabajadores. Independientemente de la calidad ética de los líderes es inaceptable el ataque con que las autoridades laborales agredieron la autonomía sindical.
El CILAS considera que en un país que busca la democracia es inaceptable que subsistan situaciones de explotación y desprecio por la vida como las que llevaron a la muerte a 65 mineros. Demandamos la revisión urgente de las condiciones en que laboran los mineros, poner en marcha programa de salud específicos para tratar los problemas inherentes a esta actividad. Es indispensable e inaplazable también dotar de seguridad laboral y autonomía sindical a los trabajadores de la industria minero-metalúrgica y asegurarles un salario que les permita vivir dignamente.
Exigimos al gobierno federal una investigación pronta, profunda, coherente, verificable y creíble de lo sucedido el 19 de enero de 2006 en Pasta de Conchos, para que se haga justicia y los culpables sean castigados y paguen el resarcimiento de los daños causados por esa tragedia.
La sociedad mexicana no se conformará con declaraciones y promesas como sucedió con Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón. Demandamos que mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo de los mineros para que hechos así no se repitan y la muerte de las 65 víctimas no sea en vano.
Fuente: CILAS
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A un año de la tragedia siguen sin castigo los responsables de la tragedia.
Lo sucedido evidenció las condiciones infrahumanas en que laboran los mineros y la complicidad del gobierno federal para proteger a empresarios.
La sociedad mexicana exige una investigación pronta y creíble, no se conformará sólo con promesas.
A un año de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, en el que murieron 65 personas, ningún responsable ha sido castigado, ni se ha reparado el daño, las condiciones de trabajo de los mineros siguen sin mejor y se ha prolongado la ilegal intervención de las autoridades federales en los asuntos sindicales, por lo que el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) exige que ponga fin a la impunidad, se brinde apoyo a las familias afectadas y se respeten los derechos laborales y sindicales de los mineros.
La muerte de los mineros en Pasta de Conchos evidenció las condiciones infrahumanas e insalubres en que trabajan miles de mineros en México y el poco valor que se otorga a su seguridad y a su vida. Reveló también la complicidad de las autoridades federales que solapan a los empresarios permitiéndoles operar con bajos salarios y sin cumplir las normas mínimas de protección a los trabajadores.
El gobierno federal y los funcionarios del sector laboral se han coludido también con la familia Larrea, dueños del Grupo México, operador de la mina, para evitar que las investigaciones lleguen a las causas verdaderas que provocaron la explosión en Pasta de Conchos, con lo que aseguran la impunidad de los responsables y pretenden librarlos del pago de la reparación de los daños causados a las familias de las víctimas. Un año después ni siquiera se han rescatado los cuerpos.
Mientas los empresarios del Grupo México obtienen ganancias superiores a los mil 500 millones de pesos dólares anuales, los trabajadores y sus familias subsisten con apenas 700 pesos a la semana en jornadas extenuantes que ponen en peligro su salud y hasta su vida. Ni la muerte de los 65 mineros ha servido para que esa situación cambie en beneficio de quienes bajan a los socavones a extraer los minerales con los que se enriquece la familia Larrea.
Es de hacer notar que no es la primera vez que un evento de este tipo tiene lugar en las minas del Grupo México, y en especial en la zona minera de Coahuila, como la explosión ocurrida 39 años atrás que costó la vida a 153 mineros.
El desprecio por los trabajadores se hace evidente en que dos terceras partes de los mineros en Pasta de Conchos fueron contratados con salarios muy por debajo del valor del trabajo que realizan, subcontratados sin protección alguna de su relación laboral, aunque se constituían todos los elementos de esa relación como la dependencia económica, lugar, horario y sistema de trabajo. Todos ellos fueron reclutados sin acceso a contratación colectiva.
En este caso también quedó al descubierto el carácter manipulador e injerencista del gobierno en los sindicatos, especialmente el minero, para proteger únicamente los intereses de los empresarios, al pretender imponer anticonstitucionalmente una dirigencia ajena a los trabajadores. Independientemente de la calidad ética de los líderes es inaceptable el ataque con que las autoridades laborales agredieron la autonomía sindical.
El CILAS considera que en un país que busca la democracia es inaceptable que subsistan situaciones de explotación y desprecio por la vida como las que llevaron a la muerte a 65 mineros. Demandamos la revisión urgente de las condiciones en que laboran los mineros, poner en marcha programa de salud específicos para tratar los problemas inherentes a esta actividad. Es indispensable e inaplazable también dotar de seguridad laboral y autonomía sindical a los trabajadores de la industria minero-metalúrgica y asegurarles un salario que les permita vivir dignamente.
Exigimos al gobierno federal una investigación pronta, profunda, coherente, verificable y creíble de lo sucedido el 19 de enero de 2006 en Pasta de Conchos, para que se haga justicia y los culpables sean castigados y paguen el resarcimiento de los daños causados por esa tragedia.
La sociedad mexicana no se conformará con declaraciones y promesas como sucedió con Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón. Demandamos que mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo de los mineros para que hechos así no se repitan y la muerte de las 65 víctimas no sea en vano.
Fuente: CILAS
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