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· Comenzó la Jornada Nacional e Internacional por la Restitución del Salario y el Empleo con un foro de análisis en la Cámara de Diputados.
· En los hechos se ha dado una reforma laboral contraria a los trabajadores: Francisco Farina.
· Necesaria una estrategia gradual y constante de recuperación de salarios: Arturo Alcalde.
Seis de cada 10 mexicanos trabajan en condiciones por debajo de lo que marca la ley, sin estabilidad laboral, sin seguridad ni prestaciones, están subcontratados o contratados bajo palabra, por lo que su situación económica es de pobre o pobreza extrema, porque su salario no alcanza para cubrir los mínimos de sobrevivencia, afirmó hoy Francisco Farina, investigadora del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), durante el foro de análisis de la Jornada Nacional e Internacional por la Restitución del Salario y el Empleo.
“Desde hace 25 años, cuando empieza el periodo neoliberal, se dan modificaciones a la ley del trabajo en dos sentidos: el primero, a través de medidas legales y de jurisprudencia y, el segundo, por la vía de los hechos, con la subcontratación, contratación por honorarios o contratos de palabra, lo que afecta la estabilidad de los trabajadores”, agregó.
Al participar como ponente en el foro organizado por más de una veintena de organizaciones, sindicatos y legisladores, en la Cámara de Diputados, el representante del CILAS afirmó que desde 1980 los patrones han cambiado en los hechos las condiciones de trabajo en perjuicio de los trabajadores mexicanos.
El 60 por ciento de los mexicanos están fuera del marco de la ley y sufren “precariedad laboral”, contratados por honorarios, subcontratados o con contratos bajo palabra, por lo que su estabilidad laboral es nula, pero no tienen más remedio que aceptar ante la falta de empleo. En esta situación la disyuntiva para los trabajadores es: “aceptas el trabajo en condiciones de sobreexplotación o te mueres de hambre en el desempleo total”.
Francisco Farina explicó que hay casos específicos donde desaparece totalmente la estabilidad en el empleo y el respeto a los derechos laborales, porque bajo esas condiciones las jornadas laborales son mayores a las ocho horas diarias que contempla la constitución mexicana. En algunas maquiladoras se trabaja hasta 12 horas diarias toda la semana.
Según Francisco Farina empresas como Man Power, Pronto, y muchas otras, incluso algunas cuyos dueños son líderes de la CTM, se han especializado en la subcontratación y contratación eventual de trabajadores a los que no se les otorga ningún beneficio de ley.
Un ejemplo, detalló el investigador del CILAS, es la empresa Nokia, una maquiladora instalada en Reynosa, Tamaulipas, que hasta hace dos años contrataba a todo el personal que trabajaba ahí, pero ahora el 80 por ciento de su planta es subcontratado por esas empresas, con lo cual la maquiladora deja de establecer relaciones laborales y, por lo tanto, no tienen ningún compromiso para otorgar seguridad social ni prestaciones.
La mayoría de esos trabajadores, continuó el expositor, ganan menos de dos salarios mínimos, por lo que su situación económica es “gravísima” porque no obtienen de su trabajo los recursos suficientes ni siquiera para la sobrevivencia mínima y quedan así en la pobreza o la pobreza extrema, sin ninguna protección legal.
A su vez, el abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani, se pronunció por una política de recuperación del salario gradual pero constante, porque el actual es “infrahumano, nadie puede vivir con 48 pesos diarios” y resaltó que el salario mínimo ha perdido 73 por ciento de su valor adquisitivo en el último cuarto de siglo.
Durante su exposición en el Foro Nacional e Internacional por la Restitución del Salario y el Empleo, Alcalde Justiniani aseveró que es urgente una estrategia de mejora salarial sustentada en una base de concertación con los elementos de la producción, organizaciones, sindicatos y autoridades, que permita que los aumentos salariales sean mayores a los índices de inflación.
“Por ejemplo, si la inflación es de 4.5 por ciento, los aumentos salariales deberían estar por los seis puntos porcentuales, y ser constantes, de tal modo que los salarios se recuperen paulatinamente sin afectar otros factores, como la misma inflación”, agregó Arturo Alcalde.
Expuso que esa concertación debe hacerse por ramas productivas y según la situación de las empresas, pero lejos de la simulación que hacen las grandes empresas para evitar sus compromisos salariales. No se pueden establecer situaciones similares para pequeñas y medianas empresas cuya sobrevivencia está determinada por una serie de variables y que grandes aumentos las pondrían en peligro, por lo que éstas requieren un trato diferenciado para poder otorgar aumentos.
Sin embargo, continuó el expositor, hay grandes empresas con ganancias suficientes y algunas de sobra, que pueden duplicar y hasta triplicar el ingreso de sus trabajadores pero se acogen a los topes salariales para mantenerlos con salarios de verdadera miseria. Esta concertación para resarcir gradualmente el salario estaría basada también en criterios de productividad.
Debe diseñarse una política de mejora salarial con integralidad, que contemple a todos quienes participan en el proceso de producción, a quien dicta las políticas públicas del sector y quien determina los incrementos salariales, obviamente, también a las organizaciones laborales y los sindicatos.
“No podemos esperar que se aumente ocho veces el salario por decreto, eso suena muy bien y sería muy popular, pero una decisión de ese tipo afectaría negativamente diversas variables económicas, pero lo que es impostergable es generar políticas y herramientas para que el salario se recupere constantemente y de manera gradual”.
Asimismo, debe fomentarse y respetarse el derecho de organización y sindicalización. “Somos una sociedad sin medios de defensa y los que menos defensa tienen son los trabajadores, tanto que en los últimos años el nivel de sindicalización ha bajado de 25 a 12 por ciento”, concluyó Arturo Alcalde.
Fuente: CILAS
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